El 25 de febrero del año 2010, presentamos una Denuncia Popular ante la PROFEPA en contra de las siembras de maíz transgénico en México, que afectan derechos colectivos e individuales, al ampliar la situación de riesgo o amenaza de contingencia ambiental en nuestro país, además de poner en peligro inminente la integridad y biodiversidad de varios ecosistemas y agroecosistemas relacionados con el maíz.

La Denuncia Popular (DP) es un  texto crítico que muestra a las autoridades que un colectivo de personas y organizaciones entendemos la simulación de protección, montada a partir de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y de su reglamento, que pretendió eliminar la única salvaguarda considerada en la ley de crear un Régimen de Protección Especial para las plantas originarias de México, entre ellas el maíz.

La DP siguió presentándose - el 1, el 10 y el 25 de marzo- conforme fueron sumándose los y las adherentes, alcanzando un total de 90 personas y organizaciones firmantes. Diversas organizaciones (Fomento Cultural y Educativo, AC, Ciudadanos en apoyo a los Derechos Humanos, Comercio Justo México, entre otras) la presentaron por iniciativa propia. También se han recibido decenas de cartas de solidaridad.

El texto de la DP se construyó de forma colectiva entre varias organizaciones, científicos e integrantes de diversos procesos de lucha en defensa del maíz, lográndose una síntesis de argumentos que sostienen la negativa rotunda al maíz transgénico en México. Los criterios fundamentales son el principio de bioseguridad y el derecho de los pueblos a contar con un sistema sui generis de protección para un cultivo que es originario de México. Demandamos recomendar a la SEMARNAT requiera a la SAGARPA la suspensión de los efectos de los permisos, por disponerse de información científica y técnica, de la cual se deduce que las liberaciones experimentales permitidas suponen riesgos superiores a los previstos; recomendar al Estado Mexicano la creación de un régimen de protección especial para el maíz que determine al territorio nacional como centro de origen y diversificación continua, con el fin de ser protegido integralmente, como unidad territorial donde existen infinidad de registros y procesos vivos de creación y diversificación continua del maíz, así como flujos tradicionales de semillas; finalmente, en base a lo anterior, recomendar al Estado Mexicano la reinstalación de la moratoria a las siembras a campo abierto de maíz transgénico en el territorio nacional.

Una vez presentada la primera Denuncia colectiva, la autoridad tenía como término legal hasta el día 12 de marzo para resolver sobre lo planteado en la DP.  Dicha respuesta dilató hasta el mes de abril, cuando nos presentamos en las oficinas de PROFEPA para conocer la razón del retraso. La Directora general de denuncias ambientales, la Lic. Karla Isabel Acosta Resendi, al respecto nos comentó que se habían realizado varias reuniones entre representantes de  SEMARNAT, CONABIO, INE, PROFEPA, e incluso SAGARPA, para definir qué tratamiento darían a esta Denuncia, ya que “constituía una decisión política.”

Finalmente, el 14 de abril de 2010 fuimos notificados sobre la emisión del ACUERDO DE CONCLUSIÓN POR INCOMPETENCIA emitido por la PROFEPA frente a la DP, argumentando que esa Procuraduría no dio los permisos para las siembras experimentales realizadas en el norte del país, ni las autorizó, ni emitió el dictamen de bioseguridad favorable ante la petición de dichos permisos. Así pretendían eludir lo planteado de fondo en la DP.

Dicha resolución fue impugnada por varios de los firmantes de la DP a través del recurso de revisión, mismo que presentamos el 20 de abril demandando a la Subprocuraduría Jurídica de PROFEPA la reposición del procedimiento. Aún cuando esta instancia contaba con cuatro meses para resolver el recurso, dicho término ha transcurrido sin que se emita respuesta alguna.

La serie de irregularidades y omisiones por parte de la autoridad ambiental son en sí una respuesta a nuestra DP. En particular, llama la atención el silencio en el cual ha permanecido para enfrentar en los mismo términos, la suma de argumentos científicos, técnicos, jurídicos, ambientales y desde el derecho de los pueblos campesinos e indígenas, sostenidos en el texto; asimismo, resulta evidente la imposibilidad política del Estado Mexicano para cumplir con sus obligaciones legales internacionales de actuar con precaución y de proteger al centro de origen y diversidad del maíz creando un verdadero régimen de protección especial para esta planta de trascendental importancia para México y el mundo.

En cambio, la autoridad ambiental nos sugirió actuar por la vía de inspección y vigilancia ciudadana, lo que en términos jurídicos significaría acudir a los campos experimentales donde se siembra maíz transgénico, o a campos aledaños, y verificar que se esté cumpliendo con una normativa en materia de “bioseguridad” hecha a la medida de las empresas semilleras transnacionales y sus intereses por introducir sus cultivos transgénicos y contaminar los maíces mexicanos.

Descargar el pdf de la Denuncia Ambiental en contra de las siembras de maíz transgénico en México.

Leer boletín de prensa relativo a la presentación de la DP.