postheadericon Principios del buen gobierno del agua

En cumplimiento de un acuerdo del Congreso Nacional de

Ciudadanos y Sustentabilidad del Agua, realizado en diciembre

de 2013 por representantes de universidades, organizaciones de

cuenca, redes ambientales y grupos civiles de todo el país, entre ellos

GEA, el martes 7 de enero de 2014 se presentó públicamente la iniciativa

ciudadana de Ley General de Aguas, con la cual se busca concretar el

derecho humano al agua plasmado en el artículo 4º Constitucional.

 

Les ofrecemos los principios en que se basa la iniciativa como una

invitacióna conocerla y a tomar parte en la recolección de firmas para

entregarla al Congreso. Toda la información al respecto está disponible en

la página de Agua para tod@s, agua para la vida.

 

1. El agua como bien común de la nación, proveniente de la naturaleza, manejada sin fines de lucro y de una manera que respete las necesidades de generaciones futuras.

 

2. La integralidad entre las comunidades, sus tierras y sus aguas, lo cual implica el respeto al derecho de las comunidades al consentimiento libre e informado sobre cualquier proyecto que pueda poner en riesgo esta integralidad.

 

3. La participación en las instancias de planificación, gestión, ejecución, vigilancia y sanción como condición fundamental para garantizar el derecho humano al agua.

 

4. La interculturalidad y la no discriminación, lo cual implica la incorporación de las cosmovisiones, los usos y las costumbres de los pueblos y la atención a las necesidades específicas de mujeres rurales y urbanas.

 

5. La máxima publicidad de información de calidad sobre el agua.

 

6. La seguridad de las personas, las comunidades y los pueblos, así como la de su patrimonio, frente a riesgos que resulten del manejo hidricoambiental inadecuado.

 

7. Pro homine, pro naturaleza. En caso de vacíos o de conflictos entre normas, se aplicará la interpretación que más favorezca la protección de los derechos humanos de las personas físicas, las comunidades, los pueblos indígenas y la naturaleza.

 

8. La prevención. Se priorizarán las medidas que eviten daños hidricoambientales sobre las medidas para su reparación.

 

9. La precaución. Aun en la ausencia de certidumbre científica se tomarán medidas, incluyendo la cancelación del proyecto, para prevenir daños sociohidricoambientales. El promovente de una actividad lleva la carga de prueba de su inocuidad.

 

10. La proporcionalidad. Las obras y los proyectos tendrán que ser adecuados; necesarios, al no haber otras medidas menos restrictivas cuando se puedan lesionar derechos, y proporcionales, al proveer más beneficios que perjuicios sociales e hidricoambientales.

 

11. La sustitución. Para autorizar cualquier proyecto o actividad se tendrá que utilizar la alternativa que represente un mínimo de daños, inclusive su no realización.

 

12. La aplicación del máximo de los recursos disponibles, incluyendo la priorización presupuestaria, de las obras y los proyectos requeridos para cumplir con el derecho humano al agua y al saneamiento de las generaciones actuales y futuras.

 

13. La restauración y restitución. El responsable de daños hidricoambientales tendrá que lograr la plena restauración de lo afectado así como su restitución a las personas o comunidades afectadas.

 

14. La responsabilidad clara y diferenciada de las autoridades.

Ultima actualización (Jueves 13 de Febrero de 2014 08:10)

 
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